Hace casi un siglo y medio aproximadamente nuestro país, fue víctima de uno de los conflictos bélicos más devastadores de la historia nacional: La Guerra de la Triple Alianza. Tres países se aliaron con el objetivo de arrasar prácticamente con nuestra nación. En otras palabras, lo que estuvo en juego fue nada menos que nuestra soberanía nacional. Ahora bien, uno podría preguntarse: ¿qué tiene que ver ese episodio histórico con la situación actual? Lo veremos más adelante.
Con el paso del tiempo, se han descubierto nuevas tecnologías, y estas tecnologías a la par que nos ha ayudado a hacer nuestras vidas más prácticas, han acarreado también nuevos problemas. Uno de ellos, y por cierto muy relevante, es la ciberseguridad.
La ciberseguridad se ha vuelto en un elemento esencial para la preservación de la soberanía nacional en la era digital. En este caso, el Paraguay, un país en proceso de modernización tecnológica y digital, los recientes ataques cibernéticos han dejado en evidencia las vulnerabilidades estructurales en cuestiones digitales. Estos acontecimientos no solo representan riesgos operativos, técnicos y económicos, sino que también plantean amenazas significativas a la soberanía nacional, al comprometer su capacidad de controlar, proteger y gestionar los sistemas críticos que sostienen su funcionamiento.
En las últimas décadas, Paraguay ha sido blanco de diversos ataques cibernéticos que afectaron tanto a entidades públicas como privadas. Hagamos un recuento de las mismas. El más reciente, el incidente con la cuenta del presidente de la república Santiago Peña en la red social X (antes Twitter), utilizada presuntamente para difundir desinformación financiera sobre criptomonedas, justo días antes de la presentación oficial de La Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2025-2028. Esto nos revela la fragilidad incluso en las altas esferas de comunicación institucional.
Otros casos más resonados; como el ciberataque al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el ransomware que comprometió los sistemas de más de un centenar de empresas, y las actividades de ciber espionaje atribuidas a un grupo con supuestas conexiones con el gobierno chino. Incluso se mencionó un posible espionaje de Itamaraty, en cuestiones vinculados directamente a la Entidad Itaipu Binacional. Los casos mencionados anteriormente ilustran el crecimiento acelerado y preocupante de las amenazas cibernéticas transnacionales en el país.
La situación actual en materia de ciberseguridad en el país se enfrenta a varios desafíos estructurales. Uno de los principales problemas es la limitada capacidad técnica y operativa del Estado para detectar, prevenir y responder ante amenazas digitales complejas. Hace unas semanas, el Congreso Nacional rechazó la Declaración de Emergencia en Ciberseguridad, lo que evidencia una alarmante falta de conciencia y de legislación sólida en temas claves como la protección de datos personales, la modernización de infraestructuras críticas y la persecución efectiva de delitos informáticos. Esta ausencia de normas claras genera vacíos legales que limitan la capacidad del Estado para actuar y cooperar con otros países.
Otro problema grave es la escasa inversión en ciberdefensa estratégica. Aunque el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) y la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación de las Fuerzas Armadas (DIGETIC) han hecho algunos esfuerzos, la realidad es que nuestra infraestructura digital sigue siendo frágil y vulnerable. Esto nos expone a que jurisdicciones extranjeras terminen gestionando o incluso accediendo a datos sensibles de nuestra población.
La soberanía digital no se trata solo de tener internet en todo el país. Implica controlar nuestras redes, proteger los datos de los ciudadanos y desarrollar tecnología nacional con visión a largo plazo.
Desde esta óptica, la ciberseguridad no es solo un asunto técnico: es una cuestión de soberanía nacional. Por eso, es fundamental contar con una estrategia integral que combine tecnología de punta con la capacitación de profesionales especializados. En este sentido, la reciente implementación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2024–2028 es un paso importante. Este plan reconoce la necesidad de articular esfuerzos entre instituciones públicas, fomentar la cooperación internacional y formar talentos locales en seguridad digital. No obstante, este tipo de iniciativas solo darán resultados si van acompañadas de una voluntad política firme y de una inversión acorde con la gravedad del problema.
Además, Paraguay necesita fomentar una verdadera cultura de ciberseguridad, tanto en el sector público como en el privado. Esto incluye la creación de Centros de Operaciones de Seguridad Cibernética a nivel nacional, la realización de simulacros de incidentes cibernéticos y la capacitación continua de funcionarios públicos y profesionales de informática. La seguridad digital debe ser entendida como una política de Estado, orientada a proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de nuestros recursos digitales.
Los desafíos que se vienen no serán menos complejos. A medida que digitalicemos servicios esenciales como la justicia, la educación y la gestión pública los riesgos aumentarán. La conectividad, sin mecanismos de protección sólidos, se convierte en una debilidad peligrosa. Vivimos en un mundo interconectado, donde las amenazas híbridas como la desinformación, el sabotaje digital o la presión económica a través de ciberataques se están convirtiendo en armas de influencia geopolítica.
Por todo esto, debemos dejar de ver la ciberseguridad como un tema técnico reservado para especialistas. Es un frente estratégico donde se juega nuestra autonomía como país. Hoy, el ciberespacio es un terreno de disputa tan real como nuestras fronteras físicas, y la defensa nacional debe incluirlo con la misma seriedad.
Paraguay, en su camino hacia el desarrollo digital, tiene la oportunidad histórica de aprender sobre experiencias propias y diseñar un modelo de ciberdefensa, adaptado a nuestras necesidades pero en línea con estándares internacionales.
En resumen, la ciberseguridad en Paraguay enfrenta retos enormes. Si no actuamos con decisión, corremos el riesgo de comprometer no solo la estabilidad digital, sino también nuestra soberanía y seguridad nacional. Es urgente reforzar la cooperación entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional a través del Departamento de Delitos Informáticos y el Ministerio de Tecnologías, Información y Comunicación (MITIC).
Así como en otras épocas nuestra soberanía fue amenazada por aquella cruenta guerra, hoy el enemigo es invisible, silencioso y se mueve por redes cibernéticas. Y ante este nuevo escenario, no hay fronteras físicas: estamos todos conectados y, por lo tanto, todos somos vulnerables.
Que aquella historia nos recuerde nuestro valor como patria y nación y proyectemos un futuro digital más seguro.
