Cada 20 de febrero celebramos el Día Mundial de la Justicia Social. Pero, seamos sinceros: ¿qué significa esto realmente para nosotros en Paraguay? Mientras los números macroeconómicos dicen que “vamos bien”, la realidad en las calles y en el campo nos cuenta una historia muy distinta y que en ocasiones deviene que lo analicemos desde el lado más humano.
La justicia social no es solo una teoría que lo leemos en los libros de derecho, va más allá incluso de lo doctrinal; es por ello que, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Justicia Social, este documento analiza los desafíos estructurales que enfrenta la República del Paraguay. Se examina la brecha entre el crecimiento macroeconómico y el bienestar social, enfocándose en la desigualdad rural, la invisibilidad del trabajo femenino y el acceso limitado a derechos fundamentales de las personas. El análisis sugiere que la justicia social requiere una transformación que trascienda la asistencia y se instale en la garantía de derechos universales bajo un enfoque de equidad y dignidad humana.
Hoy, viernes 20 de febrero, la comunidad internacional conmemora el Día Mundial de la Justicia Social, una fecha instaurada por las Naciones Unidas para recordar que la paz y el desarrollo no pueden alcanzarse si no existe igualdad de oportunidades y protección social para todos. En el Paraguay, esta fecha no es solo una efeméride del calendario ni debe serlo al contrario debe de poder ser un recordatorio urgente de las deudas históricas que el Estado mantiene con sus ciudadanos más vulnerables, los que no han tenido las mismas oportunidades que nosotros lo hemos tenido. Como bien señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la justicia social se fundamenta en la capacidad de los individuos de participar plenamente en la vida económica y social con dignidad.
En la realidad paraguaya, el concepto de justicia social enfrenta la paradoja de un país que exporta alimentos para varios países del mundo pero que no logra garantizar la seguridad alimentaria de su propia población rural, argumenta que la concentración de la tierra y el avance de los monocultivos han generado un desplazamiento forzado de campesinos e indígenas, quienes pierden no solo su medio de subsistencia, sino también su arraigo cultural. En este sentido, la justicia social en el campo paraguayo pasa necesariamente por una reforma agraria integral que no se limite a la titulación de tierras solamente, sino que asegure el acceso a tecnología, mercados justos y servicios básicos.
Un pilar fundamental de esta lucha es la figura de la mujer paraguaya. A menudo celebrada por su rol histórico la “mujer paraguaya” sufre en la actualidad una profunda injusticia estructural, que faciliten la inserción laboral femenina en condiciones de igualdad y no me refiero solamente a la índole funcional; la justicia social seguirá siendo una promesa incompleta para muchos sectores, hasta que las Políticas Públicas sean sustentables y sostenibles en el tiempo. No se puede hablar de desarrollo humano o de País, mientras el bienestar de la sociedad dependa del sacrificio no reconocido de las mujeres.
Finalmente, la crisis de los servicios públicos, especialmente en educación, seguridad y salud, pone de manifiesto la desigualdad de oportunidades. Mientras que el crecimiento económico de las últimas décadas ha posicionado al Paraguay en los mercados internacionales, la realidad interna sigue siendo otra y muy diferente a la que pregonamos como Estado. La justicia social para hoy, 20 de febrero debe ser entendida como la transformación de un modelo de caridad y beneficios por contactos a lo que muchos años estuvimos sometidos los paraguayos a un sistema de derechos garantizados donde la salud sea un bien público y no una mercancía o premio, fuera del alcance del trabajador del ciudadano en resumen de todos los paraguayos que, con su esfuerzo, amor a la patria y trabajo hacen de un Paraguay mejor.
Dra. Alice Concepción Arce Aguilera
Egresada de la Segunda Promoción del PLP del IDPPS
