Hablar de Ykua Bolaños siempre será algo incómodo y triste. Por eso trataré de hacerlo con un gran grado de respeto y honrando a las víctimas y a sus familias.
Transcurría el domingo caluroso del 1 de agosto de 2004, el día en que el Paraguay vivió uno de los episodios más trágicos de su historia contemporánea. Los medios masivos de comunicación de la época pausaban sus transmisiones de programas habituales para relatar aquella horrorosa escena. El incendio del supermercado Ycuá Bolaños, ubicado en el barrio Trinidad de Asunción, dejando un saldo devastador: más de 370 fallecidos, una gran cantidad de heridos y familias destrozadas. Pero más allá del número, lo que realmente convirtió esta tragedia en un hito histórico fue la serie de negligencias, omisiones y decisiones deliberadas que la precedieron y agravaron. La memoria de Ycuá Bolaños no debe limitarse al duelo; debe ser también, una herramienta para construir una sociedad más consciente, justa y comprometida con la vida y la dignidad humana.
Este escrito más allá de recordar aquel triste episodio, reflexiona sobre la tragedia desde una perspectiva histórica y contempla la importancia de preservar su memoria como legado y compromiso social. En un país que se encuentra en un proceso aún de consolidarinstituciones fuertes y garantizar derechos básicos, Ycuá Bolaños no puede quedar en el olvido.
Paraguay, a comienzos del siglo XXI, transitaba un período de transición democrática frágil tras décadas de dictadura. Las instituciones, aunque formalmente republicanas, estaban aún muy marcadas por prácticas autoritarias, corrupción y clientelismo. En ese contexto, el crecimiento económico favoreció a ciertos sectores, pero sin que eso se tradujera necesariamente en mayor justicia social o fortalecimiento de las normas de control estatal.
El supermercado Ycuá Bolaños era un símbolo del auge del consumo en sectores medios y populares de Asunción. El edificio había sido recientemente remodelado, incorporando una planta alta con patio de comidas y una panadería industrial, lo cual requería sistemas de seguridad especiales que, según se comprobó luego, no fueron adecuadamente planificados ni fiscalizados.
El día de la tragedia, un incendio iniciado en el ducto del horno se propagó con velocidad letal. Las puertas fueron cerradas bajo órdenes de los dueños para evitar robos, lo que impidió que cientos de personas pudieran escapar. Las salidas de emergencia estaban bloqueadas, mal señalizadas o inexistentes. Y la infraestructura del edificio no contaba con ventilación suficiente ni rociadores contra incendios. Todo eso evidenció una alarmante ausencia de políticas públicas que prioricen la seguridad ciudadana.
El incendio de Ycuá Bolaños no fue simplemente un accidente. Fue el resultado de una concatenación de irresponsabilidades, decisiones criminales y fallas sistémicas. La responsabilidad penal recayó principalmente sobre los propietarios Juan Pío Paiva y su hijo Víctor Daniel Paiva, así como sobre el guardia Daniel Areco y el arquitecto Bernardo Ismachowiez. No obstante, no fueron ellos los únicos culpables: la municipalidad de Asunción, con sus respectivos organismos de control y autoridades responsables de habilitaciones también fallaron gravemente en sus funciones.
Lo que indigna aún más es que, pese a la magnitud de la tragedia, las condenas fueron percibidas como insuficientes. Si bien se logró una sentencia por homicidio doloso eventual,un hecho inédito en la historia judicial paraguaya, la mayoría de los responsables no cumplió penas efectivas o lo hizo en condiciones especiales, como prisión domiciliaria.
Pero la tragedia también despertó una forma inédita de organización ciudadana. Los familiares de las víctimas y sobrevivientes comenzaron una lucha por la verdad, la justicia y la memoria. El colectivo “1A” se transformó en un símbolo de resistencia frente al olvido. Las manifestaciones, marchas del silencio, plantones frente al Palacio de Justicia y la construcción de un memorial en el sitio del siniestro demuestran que la ciudadanía puede convertirse en protagonista activa frente al dolor.
La justicia paraguaya ha sido históricamente percibida como lenta, parcial y permeable a los intereses económicos y políticos. El caso Ycuá Bolaños no fue la excepción, pero sí marcó un punto de inflexión: la presión pública, nacional e internacional, logró que se concretara un juicio penal con condenas relevantes, aunque no satisfactorias para todas las víctimas y familiares
Aun así, el sistema no respondió con la celeridad ni profundidad necesaria. Muchos de los juicios civiles por indemnización continúan sin resolución, y algunos sobrevivientes siguen luchando por reparaciones económicas básicas. El Estado ha tardado años en asumir un rol activo en el proceso de memoria y reparación. Recién en 2022 se consolidó formalmente el Sitio de Memoria y Centro Cultural 1A Ycuá Bolaños, como espacio público destinado a preservar el recuerdo de las víctimas y promover la conciencia social.
En ese sentido, la memoria no es simplemente un acto simbólico. Es una exigencia ética. Mantener la historia de Ycuá Bolaños significa comprometerse con una justicia que no se reduzca a sentencias, sino que abarque transformaciones institucionales, reconocimiento a las víctimas y construcción de una cultura de prevención y respeto por la vida.
Educar sobre lo ocurrido en Ycuá Bolaños no debe ser una actividad marginal en el sistema educativo paraguayo. La tragedia debe ser incorporada en las aulas como parte del proceso de formación ciudadana, de la historia reciente del país y del aprendizaje cívico.
La pedagogía de la memoria, aplicada en otros países tras episodios traumáticos, puede convertirse en una poderosa herramienta para evitar que los errores del pasado se repitan. Enseñar a las generaciones venideras sobre qué ocurrió en Ycuá Bolaños, por qué ocurrió y cómo se respondió, es más que esencial para construir un Paraguay más consciente, con memoria y comprometido con los derechos humanos.
Además, la memoria activa cumple un rol político: interpela al poder. La sociedad debe recordar constantemente a las autoridades que no se puede lucrar con la vida, que las normas de seguridad no son un lujo ni una mercancía al mejor postor y que los responsables de omitirlas deben rendir cuentas.
A 21 años de aquella tragedia, Paraguay aún enfrenta desafíos estructurales en materia de seguridad edilicia, control urbano y justicia efectiva. Si bien existen leyes y normativas más estrictas en construcción y habilitación, su cumplimiento no siempre es riguroso. Persisten prácticas antiguas y pocas escrupulosas como la corrupción, coimas y negligencia que ponen en riesgo a miles de ciudadanos cada día.
El caso Ycuá Bolaños debe servir como una advertencia permanente: ningún interés puede estar por encima del valor irrestricto de la vida humana. Las instituciones estatales deben contar con autonomía, recursos, coraje suficiente y capacitación para fiscalizar con rigor. Y la ciudadanía debe mantenerse vigilante de que las normativas sean cumplidas por las respectivas autoridades de aplicación.
Asimismo, la justicia debe ser más accesible, empática y eficiente. No es normal que una familia tenga que esperar décadas para obtener una reparación o una sentencia firme. Además; El Estado debe actuar no sólo como sancionador, sino también como garante de derechos y acompañante de las víctimas.
Ycuá Bolaños no fue sólo una tragedia; es una herida abierta en la conciencia paraguaya. Fue y es la manifestación de un modelo de país donde la impunidad, la desidia y el desprecio por las normas básicas de convivencia podían costar cientos de vidas. Pero también fue el punto de partida de una nueva ciudadanía, más activa, más solidaria, más consciente.
Preservar la memoria del 1A es una responsabilidad colectiva. Es necesario seguir nombrando a las víctimas, abrazar a los mismos y a sus familiares y exigir justicia verdadera. Es también comprometerse con la construcción de un Paraguay distinto, donde ninguna vida valga menos por su clase social, y donde el Estado sea garante de derechos, no un mero espectador de tragedias.
Mientras el humo del Ycuá Bolaños siga en el aire, la memoria colectiva seguirá ardiendo. Y esa llama, bien cuidada, puede iluminar el camino hacia un futuro más justo. Porque un país que no conoce su historia; está condenado a repetirla.
