(COVID-19) Economía y Pandemia en el Paraguay - Diálogo necesario para la reconstrucción

Por Bernardino Cano Radil

I)                Marco general

 

La dimensión de las dos crisis simultáneas que sufrimos requiere de un acuerdo nacional que reúna al Estado y la sociedad civil. Debemos generar escenarios complementarios, integrados y convergentes para un gran debate que aborde puntos cruciales. Vislumbramos cuatro actores y cinco escenarios: Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, empresarios contratistas y no contratistas del sector público y especialistas y ONGs de control ciudadano. Todos deben acordar una única agenda y poner a disposición su voluntad política, de lo contrario, simplemente será otra oportunidad perdida. 

 

Será posible al abandonar la política de polarización y confrontación, conscientes que en este debate se defenderán intereses. Descarnados intereses. Para ello nos alejemos de los intransigentes que gritan el apocalipsis, del radical populista que denuncia al "virus chino" o a Bill Gates y del roussoniano impenitente que predice la “era de acuario” con maná y dinero gratis para todos. ¿Estaremos a la altura de los tiempos? Se verá y la historia juzgará.

 

El COVID19 además de un problema de salud pública trajo el aislamiento social o confinamiento. Una medida inédita que no aplicamos hace siglos es desempolvada en todos lados con la consecuente parálisis en la circulación de la gente y una retracción importante en varias actividades productoras de bienes y servicios con un horizonte recesivo inexorable que enfrentaremos sin que algunos sectores sean sobre o sub perjudicados

  

Hablamos de caídas del consumo, no reposición de inventarios y postergación de planes de inversión. De un índice de desempleo disparado con caída de los precios de los commodities y del comercio internacional. La incertidumbre y la inestabilidad se acrecientan y la recuperación plena se ve lejana. En este escenario tan ominoso es natural que la vista gire al gobierno, para algo siempre está y debe solucionar los problemas.

 

Nuestra capacidad para enfrentar la crisis vendrá de la situación fiscal, un endeudamiento limitado, es inconveniente dilapidar nuestra imagen de disciplina fiscal, monetaria y económica. La mejor carta de presentación a nivel mundial como un “país serio” y con reformas políticas-económicas significativas y atractivas para los potenciales inversores. Incluso, el Secretario de Estado, Mike Pompeo, en visita después de 55 años, lo citó como una democracia que inspira a la región al generar un sólido crecimiento económico con bajas tasas de inflación y desempleo. Una economía que creció a un ritmo más alto que cualquier vecino, con un promedio de más del 4 % anual.

 

El Banco Mundial resaltó que la reducción general de la pobreza fue mayor que el promedio regional. Incluso, el Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó su estabilidad económica y la calificó de envidiable. Como la disciplina fiscal fue una meta, el nivel de la deuda pública se encuentra entre los más bajos de la región. El país también avanzó en los últimos cinco años en la transparencia del sector público. Un paso imposible de retroceder ante la mayor conciencia y presión ciudadana.

Todo lo anterior se deteriorará si limitamos a la deuda pública para sortear esta crisis. También hay que echar mano inteligentemente al ajuste del gasto público y del sistema tributario y revisar la carga al sector privado contratista y no contratista del Estado. Una visión racional, no egoísta y predispuesta a compartir sacrificios. 

 

II)             La crisis

 

Con este panorama alentador emergió el Covid 19. La primera pandemia en tiempo real global de la humanidad. El gobierno afrontó el desafío sanitario con oportunas y firmes medidas de aislamiento y control. La famosa curva de contagios no se disparó y al parecer la infraestructura sanitaria dará respuesta oportuna; pero a esta decidida política de aislamiento que apoyamos con firmeza se le debe irremediablemente complementar, como se lo hace y hará, con una salida inteligente y prudente para realimentar la circulación económica. Un tema de especialistas que no estamos en condiciones de juzgar.

 

Pero es una realidad que la retracción del comercio de bienes y servicios y la producción de las pequeñas y medianas empresa es impresionante y la población más vulnerable se tuvo que auxiliar con subsidios en kits de alimentos y dinero efectivo; y a los nuevos desocupados formales con planes especiales. También con acierto del gobierno se postergó el pago de las tarifas públicas, tarjetas de créditos y dotó al circuito financiero de recursos. Excelentes medidas. Oportunas, pero se requieren una mayor cirugía.

 

Todo ese plan de contingencias tiene un costo y, como siempre, alguien debe pagar. Si sumamos el mayor costo en salud que trajo la pandemia, al mayor costo social y económico por la ruptura de la cadena económica, encontramos un dilema de decisión política básico: Cómo aumentar los ingresos por una mayor presión tributaria, préstamos y recursos sanos de las binacionales y cómo racionalizar el gasto público y aunque la toma de deuda fue absolutamente exitoso, con bonos del Tesoro en Nueva York a baja tasa de interés y apenas es 27% aproximado del PBI. No es conveniente centrarse solo en esto. 

 

Hay que avanzar en la reforma del gasto público y tenemos margen para desarrollarlo y no es ninguna Reforma del Estado, un tema eminentemente constitucional. Racionalizar el gasto público implica ajustes institucionales que torne eficiente y transparente al sector público y con un menor costo posible se tengan buenos resultados bajo un slogan: Por un sector público libre de corrupción y gastos insensatos.

 

III)          Algunas propuestas a tener en cuenta

 

Nadie se salva solo. Ni el sector público, ni el privado. Para ello debe existir el “Diálogo por la Reconstrucción Nacional” entre los sectores mencionados convergiendo en propuestas unificadas en materia legislativa, decretos y resoluciones administrativas. Pero también con un control cruzado de las cámaras empresariales, los medios de comunicación social y las ONGs sobre las licitaciones, los servicios públicos y las compras del Estado en sus cuatro niveles: Nacional, departamental, municipal y binacional. 

 

Salvo algunos sectores recalcitrantes se percibe un acuerdo desde diversas posiciones políticas e ideológicas, sobre los problemas que nos aquejan y también sobre las medidas que en esta emergencia sería prudente adoptar. Teniendo la premisa que el Estado es el regulador natural de una sociedad y siempre debe estar atento para servir al ciudadano y que no una cuestión de ser chico o grande, él siempre será el centro de la política y el ordenamiento jurídico coercitivo y que es de sentido común que nos conviene su eficiencia. 

 

Lo que nadie nunca señala es que al Estado lo integran mujeres y hombres de carne y hueso con un “pathos”, una axiología determinada y una conducta aprendida desde antes de su ingreso. Estos ciudadanos evidencian las lacerantes lacras de una sociedad y el fracaso de su socialización primaria y secundaria. En el fondo tanto la familia, como la escuela, amigos, iglesias y clubes están enjuiciados. Si algo huele mal en el Estado, algo también huele mal en la sociedad civil que funciona como su contrapeso.

Canalizar recursos suficientes al sector salud. Un punto que se funda por sí solo. Con esta salvedad. Ningún sistema de salud jamás estará preparado para una pandemia. Revisemos sus recursos, relaciones entre personal de blanco y administrativos y su sistema de gasto en la nación, departamentos, municipios y binacionales. Superando un presupuesto que cada año se repite con los mismos problemas de ejecución orientada a la contratación de consultores amigos, compras sobrefacturadas y el desvío de los fondos de los royalties en manos de intendentes y gobernadores especializados en licitación y tercerizar servicios. 

 

Programa especial anticíclico de reactivación económica a través una mayor inversión en obras públicas de infraestructura. Se explica solo, aclarando que los proyectos deben entrelazarse con los planes de expansión económica nacional y mirar al Chaco profundo. 

 

Canalizar recursos extraordinarios para un ingreso básico universal por tres a seis meses a cargo del Estado y de protección al empleo formal financiado por el gobierno y el sector privado también por seis meses. No compartimos dar dinero sin ninguna contraprestación. Oportunamente exigir contraprestaciones como servicios generales, capacitación, cuidados, plantar árboles, etc. Este proyecto vincular con los bancos privados anclados por el Estado, pero la mayor responsabilidad recae en los estatales. Trabajar con garantías suficientes. 

 

Posponer por tres meses el pago de impuestos, servicios públicos y seguridad social.

 

 

Más impuestos directos. Implica revisar la presión tributaria, aumentar algunos impuestos directos, ampliar la base imponible, eliminar las funciones superpuestas, fundamentar el salario en idoneidad y ética, transparentar las licitaciones y servicios concedidos por el Estado y fijar, controlar y auditar los ingresos y egresos de las binacionales en los rubros específicos que habilitan los tratados y sus anexos, las gobernaciones y municipalidades. Todo esto es posible sin tocar una coma de la Constitución Nacional. Depende de una importante decisión política integral.  

 

Un tema polémico es el impuesto directo a las grandes fortunas, podría ser en Paraguay a partir de 10.000.000 USA pagadero durante los años 2020 y 2021. Una idea es apoyada por el FMI en su análisis sobre “Asuntos Fiscales“. Pide que los responsables políticos revisen el aumento de los impuestos sobre la renta, la propiedad y el patrimonio y su directora general Kristalina Georgieva, se ha pronunciado: “Desigualdad de oportunidades. Desigualdad entre generaciones. Desigualdad entre mujeres y hombres. Y, por supuesto, desigualdad de ingresos y riqueza. Todas ellas están presentes en nuestras sociedades y, lamentablemente, en muchos países están creciendo”.  

 

Para los ciudadanos, el FMI, alentó la reducción de los impuestos sobre la nómina y las transferencias de efectivo para ayudar a los más afectados por la pérdida de empleo u otras circunstancias. Según The Guardian, el crecimiento casi nulo de los últimos años obligó al FMI a cambiar y proponer planes para reducir la brecha entre los más ricos y el resto. Para salvar al modelo, lo reformula.

Otro dato. Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia de EEUU propone aumentos de impuestos directos que duplican lo que Hillary Clinton planeó hace cuatro años y que la mayoría de los votantes estadounidenses (incluidos republicanos y supermillonarios) están a favor de impuestos significativamente más altos.  Los 400 estadounidenses más ricos pagan una tasa impositiva más baja que cualquier otro grupo de ingresos medios o bajo. 

 

El 4 de abril de 2020, el Financial Times, publicó un editorial histórico, máxime al ser el principal diario de negocios del mundo. Habló de reformas radicales que invierte la dirección política prevaleciente de las últimas cuatro décadas, de gobiernos más activos en la economía, de ver servicios públicos como inversiones y no pasivos y hacer los mercados laborales más seguros. Dice el periódico de la City que los impuestos básicos sobre la renta y el patrimonio tendrán que estar en la mesa. 

 

Una idea que apoya la CEPAL y el club de los multimillonarios de los países desarrollados que quieren pagar más impuestos. Ojo no se plantea una redistribución de la riqueza, sino una recarga tributaria directa, para que el sector privado cree más riqueza, porque una concentración abusiva atenta contra el funcionamiento del mercado y las reglas de convivencia social que hacen a una sociedad democrática. 

 

Los altos impuestos no tienen por qué ser malos para la economía si permiten dinamizarla. Por el contrario, los altos impuestos pueden hacer que el capitalismo funcione mejor. (En 1952, la categoría de impuestos sobre la renta más alta en los Estados Unidos era del 92%, y la economía creció más rápido que nunca). La triste realidad es que hoy bajo la alfombra en los paraísos fiscales de los súper ricos unos $ 7,6 billones de la riqueza mundial duermen. No pagó impuestos suficientes y se escabulló de la economía. Así no es funcional para el capitalismo al estar fuera del mercado y no ayuda a la sociedad salvo a la vanidad. 

 

Los gastos en las binacionales desde salarios a sociales deben canalizarse por el PGG. Están sujetos a indicaciones del gobierno central. Terminemos con el mito de su independencia presupuestaria. 

 

Para comenzar la Constitución del 92 ordena en su Artículo 104 “…los funcionarios de las “binacionales” estarán obligados a prestar declaración jurada de bienes y rentas…” y el Artículo 283 “Atribuciones del Contralor General” le obliga a la “vigilancia y fiscalización de los bienes públicos y del patrimonio del Estado…como el examen de sus cuentas, fondos e inventarios…” y en su punto 4: “la fiscalización de las cuentas nacionales de las empresas o entidades multinacionales, de cuyo capital participe el Estado en forma directa o indirecta, en los términos de los respectivos tratados”. 

Los directores y consejeros de ambas binacionales son funcionarios públicos, deben rendir cuentas sobre sus actos ante la Contraloría General de la República y son mandatarios del gobierno nacional, denominado “Altas Partes Contratantes” que reservan sus derechos soberanos, jamás lo conculcan, ni ceden. Aquí de ningún modo se aplica el criterio de independencia que gozan los magistrados del poder judicial, que designados, la Constitución, les garantiza su independencia. En las binacionales tanto los directores, los consejeros como cualquier funcionario nuestro debe cumplir instrucciones y rendir cuentas al Estado paraguayo. Es clarísimo.   

 

Además, Itaipú, anualmente negocia con los sindicatos términos del contrato colectivo de condiciones de trabajo, indicadores económicos, porcentuales de reajustes, plan de carrera, beneficios, y sus obligaciones. El problema es que sus autoridades nunca lo hicieron con un mandato expreso de su mandante, y si no cumplían ser revocados. Por su parte los honorarios de los consejeros y directores son determinados por el Gobierno Federal del Brasil y el de Paraguay representados por la Eletrobras, y la Ande de común acuerdo, lo determina el Adjunto C del Tratado de Itaipú. La supuesta iniquidad que implicaría un salario menor o mayor para cada parte se resuelve con un impuesto directo y su retención.

 

El mismo Tratado de Itaipú en su Artículo XVIII señala que las Altas Partes Contratantes, a través de protocolos adicionales o de actos unilaterales, adoptarán todas las medidas necesarias en sus aspectos: …b) administrativos y financieros; c) de trabajo y seguridad social… En el XXI que la responsabilidad civil y/o penal de cualquier funcionario por actos lesivos a los intereses de esta será iniciada y juzgada según las leyes nacionales respectivas. El principio de legalidad nacional rige sus relaciones de responsabilidad.

 

Por su parte el Anexo C señala en “I.5”. Gastos de explotación incluyen los gastos imputables a la prestación de los servicios de electricidad como “los gastos directos de operación y de mantenimiento”…gastos de administración y generales” y que el Costo del Servicio de Electricidad (III.6) “será el monto necesario para cubrir los gastos de explotación”. Finalmente, el punto V1, “El Consejo de Administración, previo parecer de la Ande y de la Electrobras reglamentará las normas del presente Anexo”. En cada una de sus partes se deja garantizada la oportunidad que las decisiones soberanas del Paraguay sean partícipes del proceso de toma de decisiones de la Itaipú. Sin acuerdo se acudirá a los mecanismos que el propio Tratado establece. Igual razonamiento para Yacyretá.

 

Esto significa: El Paraguay es soberano en fijar mediante leyes un régimen laboral y tributario específico y como hará la disponibilidad de sus recursos en las partidas que no estén expresamente regladas por el Tratado y sus anexos. Se puede legislar esos rubros como parte del PGG. Aprobada las leyes debe dar instrucciones a la ANDE para que lleve este mandato a la Itaipú Binacional y allí plantearlo y los consejeros y directores paraguayos defenderlo, bajo apercibimiento de revocación de mandato con justa causa. 

 

Hay un antecedente. En 1986, Brasil, tuvo una gran crisis económica y dictó una ley financiera federal. Se trajo a la Itaipú y el gobierno paraguayo decidió aceptarla, por sus representantes sin cuestionarla, este fue el origen de la conocida “deuda espúrea”. 

 

Reemplazo del modelo agregativo de Estado. El nuestro está dirigido bajo la premisa de un crecimiento genérico pasivo, esto debe ser sustituido por otro modelo de “crecimiento inteligente”. Un diseño que distinga entre sectores que merecen crecer, con inversiones y funcionarios (sector público básico) y otros a reducir drásticamente por estar 

obsoletos, sobredimensionados o superpuestos. Su personal debe ser relocalizado. 

 

Un estudio del BID revela la ineficiencia del gasto público; perdemos una cifra que oscila entre unos 1600 a 1800 millones de dólares por ineficiencia y corrupción en su ejecución y nos ubica entre los países menos ejemplares en la región. Este aspecto del Estado tiene tres puntos que abordaremos. 

 

En proporción con otros países la cantidad de funcionarios y su promedio de ingresos estamos dentro de los parámetros normales para una economía de nuestra escala que funciona como una especie de “seguro de desempleo” con el problema que el modelo colabora para que defiendan lealtades personales y no institucionales. Un problema es que promedia una diferencia salarial significativa a favor del empleo público en relación al privado; pero es verdad que la mayoría del gasto salarial se concentra en los sectores de educación, salud, seguridad y justicia  que define roles irrenunciables del Estado que suman un 72% del total del gasto salarial. Un segundo problema es erradicar una discriminación abusiva fundada en la inequidad y arbitrariedad de algunos salarios directamente relacionados con la praxis política. Esto se evitará centralizando la carrera del funcionario público, sin excepciones, que no emanen en justificaciones profesionales. Pero remarcamos que la porción del PGG dedicado a salarios sea elevada y que la inversión esté sustentada fundamentalmente con deuda es por la baja presión tributaria. 

 

Lo real y concreto es que el mal gasto público en el Paraguay se centraliza en las compras,  servicios del Estado y la ineficiencia en la superposición de funciones o su no existencia directamente. La ineficiencia funcional y la iniquidad salarial es de exclusiva responsabilidad de la política, el mal gasto en las compras y servicios del Estado es responsabilidad compartida entre el sector público y el privado. 

 

Aquí es oportuno recordar nuevamente el Artículo 283 “Atribuciones del Contralor General” que le obliga a la “vigilancia y fiscalización de los bienes públicos y del patrimonio del Estado…como el examen de sus cuentas, fondos e inventarios…” , pero esta vez, en su punto 5: “el requerimiento de informes sobre la gestión fiscal y patrimonial a toda persona o entidad pública, mixta o privada que administre fondos, servicios públicos o bienes del Estado, a las entidades regionales o departamentales y a los municipios, todas las cuales deben poner a su disposición la documentación y los comprobantes requeridos para el mejor cumplimiento de sus funciones…”. 

 

La Constitución del 92 impuso la transparencia y rendición de cuentas a todos aquellas personas físicas o jurídicas incluidas las privadas que administren fondos, servicios públicos o bienes del Estado. Hay que recalcarlo con firmeza cualquier empresa privada que tenga contratos con el Estado nacional, departamental, municipal o binacional y reciba su dinero cae dentro de la competencia de la Contraloría y su situación patrimonial, ingresos y egresos son de acceso público, según fije la ley. 

 

IV)           Reflexiones finales

 

La pandemia y sus efectos económicos no cambiarán definitivamente la naturaleza humana como algunos utópicos sueñan, pero tampoco pasará sin dejar huellas. Nos sentimos más débiles y con un miedo a la muerte con presencia física global. Es un hecho inédito que nos ayuda a concientizar que algo anda mal. Llegó la hora de quitarle los excesivos beneficios a la política para hacerla menos rentable y también mejorar la precaria economía de mercado que nos agobia con su juego inequitativo de precios y costos pactados entre unos pocos “amigos” competidores amañados que desangran al Estado y al ciudadano consumidor.

 

El tiempo dirá si la hora de las grandes transformaciones que soñamos llegó como lo hiciera un día el 3 de febrero del 89. La democracia logró muchos avances espectaculares: constitución de 1992, libertades plenas, elecciones nacionales competitivas y una doble alternancia entre fuerzas políticas de signos distintos. Lamentablemente, estas indubitables conquistas se ven empañadas por la corrupción y la impunidad.

 

El fracaso de la justicia y el ministerio público son la mácula más ominosa de estos treinta años de democracia. Ojalá despertemos y encontremos un futuro post pandemia donde la transparencia y la competividad sean la regla para un futuro venturoso tanto en el sector público, como en el privado. Nunca olvidar que lo público se forma en relación dialéctica con lo privado y viceversa. En un país no existen compartimentos estancos.   

 

La pregunta no es si debemos adoptar estos pasos, sino cómo lo haremos? Esta crisis afecta más a algunas personas y estamentos que a otros, independiente de su  mérito, pero es deber de un Estado hacer que su costo se distribuya equitativamente entre todas y todos. Implementemos una transformación de la conducta pública y privada y que la dirigencia nacional en todos sus compartimentos ayuden a esta “transición”, no hacia una democracia como en el 89, sino hacia una sociedad más desarrollada, sustentable y equitativa.

            

Lo anterior se vincula a una percepción diferente hacia algunos tipos de trabajos. Nunca se han sentido más indispensables los médicos y enfermeras del sector público, empleados anónimos de tiendas varias, en particular, alimentos; maestros y profesores y recolectores de basura. Si todos sentimos su ausencia, según el modelo que nos rige, deben ganar más. Son los rostros y manos anónimas de los trabajadores que permiten nuestra calidad de vida.

 

Los cuatro actores y escenarios deben actuar unidos. Tenemos el deber de dar una respuesta nacional equitativa y dinámica. Estamos en la primera línea de un fenómeno singular que con suerte se repetirá cada decenas de años, la historia nos juzgara implacablemente. Las generaciones futuras no tendrán piedad si fracasamos por oportunistas o cómodos.