Ricardo Rodríguez Silvero: Itaipú, IRP y convulsión social

No esperar a 2023

Sobre el primer punto, señaló la necesidad de adelantar la revisión del Anexo C del tratado binacional con Brasil, que contiene las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de la usina, cuyo tratamiento está previsto en principio para 2023, aunque Brasil se ha mostrado dispuesto a acelerar el proceso. “Yo, sinceramente, creo que es mejor hacerlo ahora; cuanto antes, mejor”, afirmó.

Desmintió que en la negociación en ciernes haya una “agenda oculta, como están denunciando sectores interesados”, argumentando que “una cosa así sería un suicidio”, porque el acuerdo al que se arribe con Brasil “debe pasar necesariamente por los congresos de ambos países para que tenga validez”.

“Todo el mundo dice que Paraguay y Brasil tienen que negociar, pero no se pone énfasis en que también los congresos tienen que aprobar. Si el Congreso paraguayo no aprueba algo aprobado por los dos poderes ejecutivos, que son las dos altas partes contratantes, significa que no tiene ninguna validez”, explicó.

“Los técnicos que han intervenido en los cuatro grupos de trabajo que se han desarrollado son conscientes de que la única manera de lograr transparencia en todo el proceso es socializando los trabajos que se han hecho”, afirmó Rodríguez Silvero con relación al frondoso informe de más de 600 páginas que abordó los aspectos jurídicos, técnicos, comerciales y financieros de la negociación. “Hay que sacar los velos, los telones; este no es momento para trabajar a puertas cerradas”, afirmó.

“En la cuestión técnica, tenemos lo relacionado con las turbinas, el embalse, el nivel de las aguas y la energía contratada, ya sea como excedente o como potencia. La parte financiera refiere a cómo logramos una recaudación tarifaria tal que podamos pagar todas las deudas, los gastos de explotación, las inversiones sociales, ambientales, y las mega obras de infraestructura, como los dos puentes que están construyéndose en este momento”, argumentó.

“Ciudad del Este se está volviendo un punto de convergencia de la modernidad gracias a las inversiones de Itaipú”, aseguró Rodríguez Silvero. Dijo que los planes para construir una futura esclusa, mediante el Anexo B del Tratado, que hace referencia al aprovechamiento hidroeléctrico del río Paraná, y que solo aguarda el acuerdo de ambas partes para la ejecución del proyecto, representará una inversión de más de U$S 1.800 millones.

Destacó también que “cuando Itaipú se vuelva competitiva en cuanto a precios, lo que va a ocurrir en los próximos años, será necesario instalar otras dos turbinas, y eso representa otra inversión gigantesca, de más de U$S 1.300 millones”.

El economista argumentó que si ambos países quieren sacar provecho de la inyección económica que significa el desarrollo de proyectos de tal envergadura, es necesario discutir y negociar cuanto antes con Brasil el Tratado de Itaipú. “Son proyectos que demandan años, pero si hacemos (la negociación) antes de la inevitable caída de la tarifa, Brasil y Paraguay tendrían una inyección de unos U$S 1.000 millones cada uno”, calculó.

El Impuesto a la Renta Personal

En cuanto a la polémica instalada en torno del próximo vencimiento del Impuesto a la Renta Personal (IRP), el economista señaló que “los gremios empresariales tienen razón en que no se debe estar cobrando a la economía sumas exorbitantes en tasas y multas por el IRP”.

Explicó que “una cosa es el importe absoluto a pagar, y otra es la tasa de interés por periodo atrasado. Pero aparte de eso, y algunos periodistas se olvidan, hay una multa carísima; si juntas la tasa y la multa te sale realmente muy oneroso”. Indicó, asimismo, que “las políticas tributaria y financiera se han adaptado a la pandemia. Por ejemplo, los préstamos de los bancos alargaron plazos, así también la SET (Subsecretaría de Estado de Tributación) iba postergando vencimientos con ciertas facilidades”.

Los gremios sostienen que el IRP desalienta el consumo, el ahorro y la inversión, le hizo notar Bruno Masi. “En vez de decir todo está parado, caído o roto, hay que decir que la economía está en recesión; hay empresas que están muy mal, están quebradas; otras que están a gatas, sobreviviendo; y también otras que están haciendo el agosto del año con la pandemia”, afirmó.

Con respecto a las condiciones de los diferentes sectores en este momento, señaló que “hay actividades que trabajan normalmente, bancos y financieras; la soja está en una coyuntura muy favorable. Los sojeros a veces son muy tímidos, a veces son honestos, y a veces no tanto, pero siempre que cae un poquito la cosecha de soja ya arman un batifondo, y ahora están felices”.

“El sector que peor está es indudablemente el sector informal de la economía, que representa más o menos el 50% de la actividad económica (…) La inmensa mayoría en este sector son cuentapropistas y son los que están sobreviviendo”, agregó.

Rodríguez Silvero argumentó que, más que bajar impuestos, lo que el gobierno tiene que hacer es mantener a raya la evasión de sectores poderosos de la economía: “No tenemos que olvidarnos de los mangurujuces del sector privado; hay un montón de familias, que son familias conocidas y muy mencionadas siempre, que se dan el lujo de no pagar impuestos”.

El economista consideró que “estos evasores deberían ser perseguidos por la Fiscalía de Delitos Económicos”, para concluir que “mientras la Justicia siga siendo afín a partidos políticos, a grupos económicos de presión, y a los intereses creados en general, no vamos a tener nunca Justicia en nuestro país, y no vamos a poder controlar esta evasión”.

Inestabilidad política y convulsión social

Sobre la crisis política, instalada hace tres semanas, producto de la crisis sanitaria (con el dramático desabastecimiento de medicamentos para pacientes graves de Covid-19), que derivó en más de quince días de protestas en Asunción y el interior del país, y un fallido juicio político al presidente y vicepresidente, el analista subrayó que “hay que dejar de fomentar la inestabilidad política y la convulsión social”.

Fue enfático al afirmar que “aquí el problema no es solo del Poder Ejecutivo; hay que fijarse con lupa también en el Poder Legislativo. (…) Imagínense las  auto asignaciones de remuneraciones siderales en épocas de pandemia, en vez de ahorrar para poder aportar al financiamiento de la adquisición de vacunas; es una vergüenza nacional”.

“Lo mismo se puede decir del Poder Judicial”, agregó. “Mientras no mejore institucionalmente, y la Fiscalía de Delitos Económicos no persiga a los ladrones, no hay cómo a salir adelante”.

“Un presidente constitucional merece apoyo y merece críticas también, pero no es solamente una cuestión del Poder Ejecutivo; tenemos los poderes Legislativo y Judicial, y también las otras entidades descentralizadas, y las binacionales, que son empresas súper poderosas. Todos llevan, de una forma u otra, una gran responsabilidad”, afirmó.

Finalmente, instó a mirar el conjunto y “no seguir fomentando la inestabilidad política y la convulsión social”, porque ambas terminan impactando “en la reactivación económica, y relegando aún más la Salud al patio trasero”.

 

Fuente: El Nacional