Dr. Evan Ellis

Dr. Evan Ellis
La crisis política y de gobernabilidad existente en el Perú, reforzada por las presiones económicas y fiscales ocasionadas por la pandemia de la COVID-19, así como por el incremento de los precios de los alimentos y los combustibles debido a la guerra en Ucrania, viene complicando -en gran medida- la forma cómo el Estado peruano enfrenta los graves desafíos que representan el crimen organizado transnacional y el terrorismo en el país. Dicha crisis también ha afectado los recursos disponibles para que el país responda de manera efectiva y permita -mediante inversiones- la modernización, adaptación y fortalecimiento de sus instituciones de seguridad y otras componentes de la respuesta del “gobierno en su conjunto.” 

En términos de medidas tradicionales de seguridad ciudadana, el desafío criminal en el Perú es mucho menor que en otras partes de la región, con 3.3 asesinatos en la región por cada 100 mil personas en el año 2021,2 aunque las crecientes tasas de otras formas delictivas llevaron a la declaración de estado de emergencia en el área metropolitana de Lima en febrero de 2022.

El desafío de seguridad en el Perú no es simplemente un asunto de grupos criminales individuales. En este país, la red de dinero y la influencia de dicha criminalidad ha penetrado y socavado profundamente las instituciones políticas y económicas, así como las estructuras sociales de la nación, particularmente en el interior del país, de modo que el crimen organizado (narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, entre otros) es en conjunto una economía criminal interdependiente y sinérgica, aunque descentralizada. De hecho, en el año 2022, el propio gobierno peruano calculó pérdidas para el Estado por corrupción y malversación de al menos seis mil millones de dólares.

A diferencia de países como México o Colombia (en los que los grupos identificados luchan a menudo abiertamente, generando altos niveles de violencia pública para imponer su dominio criminal), la cultura y la geografía del Perú ha llevado a una dinámica diferente. En el Perú, la separación geográfica del interior (montañoso y selvático) con relación a la costa, así como el aislamiento de los valles montañosos y la relativa falta de transporte terrestre dentro del interior de la selva amazónica han conducido a una cultura criminal altamente fragmentada en la que el aislamiento parcial de cada subregión geográfica otorga a los clanes individuales (basados en familias) una relativa seguridad frente a los extraños y unidad en el área que dominan, mientras que al mismo tiempo limita su capacidad y su interés por extender su dominio a nivel nacional o internacional.

El resultado de esta compleja estructura de incentivos y limitaciones es un núcleo criminal muy difícil de penetrar para los extraños en términos geográficos y sociopolíticos, con sinergias importantes dentro de cada subregión entre las actividades ilícitas (incluido el narcotráfico, la minería ilegal, así como la tala ilegal) y la apropiación de la política local para mantener el sistema y aprovechar tanto al Estado como a la economía, en gran medida informal. La capacidad de los pequeños grupos familiares para dominar sus economías locales de manera multidimensional facilita el lavado de dinero, a través de instituciones que van desde universidades hasta casinos, restaurantes, clubes deportivos, obras públicas e incluso medios de comunicación. Esos grupos familiares también apoyan la logística requerida para mantener la viabilidad de esa economía criminal, incluida la importación de precursores químicos y elementos necesarios para las operaciones mineras y madereras, hasta el contrabando de productos ilícitos fuera del área y del país. En el proceso, esta situación hace que esas economías criminales locales sean notablemente resistentes y sinérgicas.

Irónicamente, esa dinámica local se vio reforzada por la pandemia de la COVID-19. El cierre de fronteras y la restricción del movimiento interno crearon problemas temporales en las cadenas de suministro de precursores químicos, el transporte de drogas y la capacidad de los mineros ilegales para moverse entre sus comunidades de origen y las minas. Al mismo tiempo, la pandemia también obligó a las fuerzas de seguridad a distanciarse -hasta cierto punto- del contacto regular con las poblaciones locales, mientras que la pandemia empeoró la difícil situación económica de esas comunidades, dando a los grupos criminales la oportunidad de fortalecer sus posiciones dentro de ellas. Adicionalmente, la pandemia, al restringir los movimientos internos y transfronterizos de personas, alteró las relaciones y obligó a los grupos criminales a buscar nuevas modalidades para mover productos ilícitos y precursores químicos. Actualmente, podría decirse que las autoridades aún están trabajando para comprender y ponerse al día con dichos cambios. Con las fronteras nacionales cerradas, las organizaciones criminales incluso utilizaron ambulancias para contrabandear cocaína y personas a través de los puestos de control.

Asimismo, existen sinergias importantes entre las actividades delictivas en el Perú, las cuales incluyen el narcotráfico, la minería ilegal y la tala ilegal, entre otras. Sin embargo, estas sinergias son diferentes en cada parte del país. En el noreste, la minería ilegal, el narcotráfico y la tala ilegal están presentes en la misma zona. En esa área, los narcotraficantes muchas veces financian actividades de minería ilegal para lavar sus ganancias ilícitas. Ellos utilizan la tala ilegal como un vehículo para el contrabando de sus productos ilícitos. Por otro lado, también existen superposiciones tanto en las rutas como en el personal utilizado para el contrabando de insumos a la región en cada una de las actividades. Más al sur, en Ucayali, existen sinergias entre las operaciones madereras ilegales y el narcotráfico, mientras que la minería ilegal es relativamente menor que la que ocurre en otras regiones problemáticas del país.9 En el sureste, en el departamento de Madre de Dios, por ejemplo, la minería ilegal y el narcotráfico están presentes con sinergias entre ellos. No obstante, en dicha zona, a diferencia de Ucayali, la naturaleza de la vegetación de la región hace que muchas veces se despeje el terreno mediante quemas para la siembra de la coca y la minería, sin dar lugar a una industria maderera que pueda ser aprovechada por las demás actividades ilícitas.

El lavado de dinero proveniente de las actividades ilícitas antes mencionadas es otra parte de esta crítica dinámica, al tiempo que ejerce un efecto corrosivo sobre la economía, las instituciones y la sociedad peruana. En el interior del país, la mayoría de las personas consultadas para este trabajo creen que las “Cajas Rurales,” un tipo de cooperativas de ahorro comunitario y préstamo, desempeñaban un papel en el lavado de dinero, aunque prácticamente todos los sectores de la sociedad peruana también están permeados por dinero ganado ilícitamente. El gran sector informal del Perú, así como las diversas personas y pequeñas empresas que luchan por mantenerse solventes a raíz tanto de la COVID-19 como de los efectos inflacionarios de la guerra en Ucrania también facilitan oportunidades para el lavado de dinero ilícito en toda la economía peruana.

Adicionalmente, las relaciones entre los actores criminales internacionales y los del Perú continúan profundizándose y diversificándose. Estas relaciones incluyen vínculos con actores criminales basados en países vecinos como Bolivia y Colombia, la incorporación de grupos extranjeros como carteles mexicanos y colombianos, así como pandillas brasileñas. Sin embargo, la presencia de tales grupos se limita en gran medida a las principales ciudades y nodos logísticos clave, para vincular esa economía criminal con los mercados internacionales. Igualmente, existen indicios preocupantes de que actores ideológicos externos, incluidos los de Cuba y Venezuela, también han penetrado y están explotando las redes criminales en el Perú de manera similar a como explotaron las redes de subversión y terrorismo en épocas anteriores.

La creciente gama de desafíos criminales descritos anteriormente ha obligado a las fuerzas de seguridad del Perú a concentrarse no solo en zonas históricamente vinculadas al terrorismo y la producción de drogas, como el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), sino también en la Amazonía (que comprende el 60 % del territorio nacional)10 y hacia el cual también se diversifican actividades ilícitas como la producción de coca. Dentro de la Amazonía, debido al carácter transnacional de las actividades ilícitas, las nueve regiones del Perú que tienen frontera con otros países, y los “distritos fronterizos” dentro de ellas donde eso ocurre, se han vuelto cada vez más estratégicas.

En este contexto, la Amazonía peruana también tiene una importancia estratégica por razones ambientales. El área, incluidos los Andes peruanos que contienen las cabeceras de muchos de los ríos que desembocan en la cuenca del Amazonas, es la fuente del 20 % del agua dulce de todo el continente. Aunque Brasil en términos geográficos representa la mayor parte de la Amazonía, el 11 % de la Amazonía, más las montañas que dan a sus cabeceras, se encuentran en el Perú, lo que hace que la protección y el uso de esa agua y esas áreas por parte del Perú tengan un gran impacto en todo el continente, particularmente en su vecino Brasil.

 

Dr. Evan Ellis

Es asociado senior (no residente) con el Programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, D.C., y profesor de investigación en América Latina con el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Las opiniones expresadas en este documento son estrictamente suyas.