El mes pasado, la OCDE publicó su informe Perspectivas sobre la lucha contra la corrupción y la integridad 2026, una evaluación exhaustiva de los sistemas de gobernanza e integridad en 62 países, incluido Paraguay. Los hallazgos para este país fueron instructivos, aunque no sorprendentes. Paraguay cumple prácticamente con todos los criterios formales para la regulación de conflictos de interés, al menos en teoría. Sin embargo, en la práctica, la implementación se reduce a solo el 11%, muy por debajo del promedio de la OCDE del 45%. La brecha entre lo que dice la ley y lo que sucede en la práctica no es una cuestión técnica. Es una puerta abierta.
Esa brecha es precisamente el entorno en el que opera el capital corrosivo.
En el artículo anterior de esta serie, sostuve que no toda la inversión extranjera llega con el mismo propósito. Algunos capitales buscan rentabilidad, mientras que otros buscan apalancamiento, y esa diferencia es crucial para países como Paraguay. Aquí quiero profundizar: explicar por qué el capital corrosivo es tan peligroso y por qué el peligro es político antes que económico.
Cuando el acceso importa más que el valor.
La mayoría de los debates sobre inversiones problemáticas se centran en aspectos económicos: un activo sobrevalorado, un contrato deficiente, un proceso de contratación que parece sesgado desde el principio. Estas son preocupaciones legítimas. Pero son solo la punta del iceberg de un problema más profundo.
El capital corrosivo, como han documentado especialistas en gobernanza de instituciones como la Fundación Nacional para la Democracia, se refiere a la financiación que prospera en entornos donde la transparencia es escasa, la supervisión limitada y las instituciones públicas son vulnerables a las presiones. Su rasgo distintivo no es simplemente la opacidad, sino la forma en que se utiliza para construir una influencia política que perdura más allá de cualquier acuerdo concreto.
El mecanismo es la captura por parte de las élites. Cuando los actores con conexiones políticas se vuelven dependientes de financiación externa opaca, sus prioridades cambian. En lugar de preguntarse si una inversión beneficia al país, empiezan a preguntarse si beneficia a la red que los sustenta. Un ministro duda en examinar un acuerdo con detenimiento. Un regulador hace la vista gorda. Un funcionario público aprende que proteger el acuerdo es más fácil que cuestionarlo. La influencia se introduce en la vida pública de forma silenciosa, no mediante una pérdida formal de soberanía, sino a través de hábitos de dependencia.
Por qué importan los sectores estratégicos
El segundo peligro es el deterioro institucional. El capital corrosivo rara vez exige la abolición total de las leyes. Actúa mediante pequeñas concesiones: un escrutinio menos riguroso, una aplicación selectiva de la ley, la propiedad oculta o condiciones de licitación que favorecen a ciertos actores. Una vez que estas prácticas se arraigan, son difíciles de revertir. Las instituciones débiles atraen capital opaco, lo que a su vez las debilita aún más.
Los riesgos se agudizan cuando este tipo de capital ingresa a sectores sensibles. La energía, las telecomunicaciones, la logística y la infraestructura digital no son activos comunes. Determinan la resiliencia nacional y la autonomía estratégica a largo plazo. Los gobiernos de Europa y Norteamérica lo han reconocido en los últimos años, adoptando o fortaleciendo mecanismos de control de inversiones diseñados específicamente para evaluar quién posee qué y por qué. Latinoamérica, en cambio, apenas ha comenzado a abordar este tema. Un estudio de 2025 del Instituto CELIS reveló que, de las principales economías regionales evaluadas, ninguna contaba con un régimen de control de inversiones plenamente operativo, y la mayoría carecía incluso de la voluntad política para comenzar a construirlo.
Para Paraguay, la preocupación es directa. El país trabaja para expandir su infraestructura, desarrollar sus ventajas energéticas y profundizar su integración en las cadenas de suministro globales. Son objetivos loables. Pero también aumentan la importancia de saber de quién es el capital que ingresa, en qué condiciones y con qué impacto en la toma de decisiones nacionales.
El costo de mirar hacia otro lado
También existe una dimensión reputacional. Los países conocidos por sus transacciones poco transparentes tienden a ahuyentar precisamente a los inversores que más necesitan. El capital serio a largo plazo busca seguridad jurídica y competencia leal. Quiere saber quién posee qué, cómo se adjudican los contratos y si los reguladores actúan de forma independiente. Un sistema que tolera el capital corrosivo puede atraer dinero fácil, a la vez que ahuyenta la inversión duradera.
Esto no es una disyuntiva hipotética. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, los países percibidos como más corruptos atraen una inversión extranjera notablemente menos productiva; cada deterioro en los índices de corrupción se asocia con una disminución del 6,5 por ciento en la probabilidad de inversión.
Paraguay ya presenta una de las tasas de inversión extranjera directa (IED) más bajas entre los países con una calificación crediticia comparable, según Fitch Ratings. Las debilidades institucionales que hacen al país vulnerable al capital corrosivo son las mismas que frenan la inversión que más necesita.
Por eso, el debate sobre la calidad de las inversiones no debe reducirse a ideologías ni a hostilidad hacia el capital extranjero. Paraguay no necesita menos inversión; necesita mejores filtros, con normas de contratación más claras y mayor transparencia en cuanto a la titularidad real.
Las conclusiones de la OCDE, publicadas el mes pasado, confirman lo que muchos ya intuían: no basta con tener las normas correctas sobre el papel. El reto reside en cerrar la brecha entre la ley y la práctica. El capital corrosivo es más peligroso precisamente en esa brecha, donde el cumplimiento formal puede coexistir con la erosión institucional, y donde el daño se acumula silenciosamente, transacción tras transacción, antes de hacerse visible.
Federico Sosa es un economista paraguayo y consultor internacional con experiencia en inversión extranjera directa, desarrollo industrial y política comercial. Es miembro del comité ejecutivo del Instituto Patria Soñada. Las opiniones expresadas son exclusivamente del autor.
Por Econ. Federico Sosa