Legalidad en disputa: las sombras del proyecto Chancay

Demandas, exoneraciones cuestionadas y falta de supervisión estatal rodean al puerto operado por una empresa estatal china. ¿Está Perú perdiendo el control?

Por Instituto Publicado el 04/04/2025 14:16

Conflictos legales y administrativos en el puerto de Chancay: una concesión en la mira

A medida que avanza la construcción del megapuerto de Chancay, también crece la polémica en torno a su concesión y los vacíos legales que rodean el proyecto. La empresa estatal china Cosco Shipping ha sido señalada por diversos analistas y medios peruanos como beneficiaria de condiciones excepcionales, en algunos casos irregulares.

Un "error administrativo" que entregó el control total

Según una investigación publicada por Infobae, un fallo en el procedimiento administrativo habría permitido que Cosco obtenga el control exclusivo del puerto, sin que el Estado peruano tenga posibilidad de regular sus operaciones portuarias futuras. Este hecho ha generado alarma en sectores académicos y políticos, por lo que implica en términos de soberanía.

Litigios con el regulador nacional

Cosco ha mantenido enfrentamientos legales con Ositran, el organismo regulador de la inversión en infraestructura, cuestionando sus competencias sobre el proyecto. Esta tensión institucional pone en duda la capacidad del Estado peruano para fiscalizar adecuadamente una obra de tamaña envergadura.

Falta de transparencia en la concesión

Diversas organizaciones civiles han reclamado mayor acceso a la información sobre los acuerdos firmados con la empresa china. La opacidad en los Memorandos de Entendimiento (MoU), sumado al hermetismo en torno a las condiciones de la concesión, debilita la confianza ciudadana en la legitimidad del proyecto.

El reto de poner reglas claras al capital extranjero

El caso Chancay revela la necesidad de modernizar los marcos legales que rigen las concesiones de infraestructura en América Latina, especialmente frente a potencias extranjeras con intereses geopolíticos. Inversiones de esta magnitud deben estar sujetas a reglas claras, respeto al principio de reciprocidad y mecanismos efectivos de supervisión estatal.