El alto costo del capital en América Latina se debe principalmente al riesgo político y a la debilidad de las instituciones. Brasil, la mayor economía de la región, es uno de los ejemplos más claros.
El país posee una envergadura extraordinaria, un mercado interno de más de 200 millones de personas, abundantes recursos naturales y una gran reserva de talento técnico. Sin embargo, los inversores siguen exigiendo una prima considerable para operar allí. Esta prima no refleja una falta de potencial, sino dudas persistentes sobre las perspectivas fiscales, la complejidad del sistema tributario y la capacidad desigual del Estado para implementar políticas de manera eficiente.
La tasa de referencia Selic de Brasil se sitúa en el 14,75% tras la decisión del banco central de marzo de 2026, una de las tasas de política monetaria nominales más altas entre las principales economías. La deuda pública, que el FMI estima en aproximadamente el 88% del producto interno bruto, también se mantiene elevada para los estándares de los mercados emergentes. El resultado es un entorno financiero que limita la inversión, aumenta los costos de endeudamiento y reduce el margen de crecimiento del país.
Lo que los inversores están observando
Si el país quiere reducir su costo de capital de forma duradera, necesitará más que ajustes aislados. Necesitará una combinación de políticas que convenza a los mercados de que las reglas serán más estables y la trayectoria fiscal más creíble, demostrando además que la reforma puede mantenerse políticamente a lo largo del tiempo.
La prioridad principal es la disciplina fiscal. Brasil lleva años lidiando con déficits que ejercen presión sobre la deuda y los tipos de interés. La cuestión clave no es si el país necesita supervisión externa, sino si su propio marco fiscal puede convencer a los inversores de que las cuentas públicas avanzan hacia una senda más fiable.
Esto implica controlar el crecimiento del gasto, mejorar el cumplimiento de los objetivos fiscales y demostrar que la estabilización de la deuda es una prioridad real. Si Brasilia logra esto de manera creíble, las condiciones de endeudamiento deberían mejorar gradualmente en toda la economía. Esto no significa una austeridad abrupta a cualquier precio, sino restablecer la confianza en que las cuentas públicas no seguirán descontrolándose.
La segunda prioridad es la simplificación tributaria. Brasil ya aprobó una importante reforma basada en un doble impuesto al valor agregado, pero el período de transición es largo y gran parte de la complejidad del sistema persistirá durante años. Una reforma que luce bien en teoría, pero que avanza con demasiada lentitud en la práctica, no generará el efecto positivo que el país necesita para fortalecer la confianza.
Una simplificación más rápida y un enfoque más predecible de la inversión a largo plazo serían señales más contundentes. Un régimen de estabilidad fiscal para los grandes proyectos de infraestructura, logística y energías limpias podría ayudar a atraer el capital paciente que Brasil suele decir que necesita. Igualmente importante, reduciría la incertidumbre para las empresas que deciden si comprometer recursos durante 10 o 20 años.
El estado y el cuello de botella del crecimiento
Un tercer aspecto es el papel del Estado. Brasil aún soporta una pesada carga administrativa, y los inversores suelen enfrentarse a largos procesos de aprobación, jurisdicciones superpuestas e incertidumbre jurídica. La cuestión no es si se deben vender todos los activos públicos o debilitar todas las regulaciones, sino si el gobierno puede identificar dónde los operadores privados pueden ofrecer un servicio más eficiente y dónde la regulación se ha convertido en una barrera en lugar de una protección.
Las privatizaciones selectivas y unos marcos regulatorios más transparentes podrían indicar que Brasil se toma en serio la ejecución y la reducción del riesgo no financiero. Aun así, la reforma requerirá cautela. Las protecciones laborales y las normas ambientales no pueden simplemente ignorarse. Sin embargo, estándares más claros y procedimientos más ágiles ayudarían a distinguir las salvaguardias legítimas de los obstáculos evitables.
La política comercial también es importante. Brasil se ha mantenido durante mucho tiempo más cerrado que muchos de sus pares, pero se vislumbra una verdadera apertura. La Comisión Europea anunció en marzo que el pilar comercial provisional del acuerdo Mercosur-Unión Europea comenzaría a aplicarse provisionalmente el 1 de mayo de 2026 para los países que hubieran completado los pasos necesarios. Esto debe entenderse como un avance hacia la implementación, no como el final del proceso. Aun así, le brinda a Brasil una nueva oportunidad para profundizar su integración con un importante mercado externo.
Para aprovechar al máximo esta apertura, Brasil debería reducir las barreras a la inversión extranjera directa y agilizar la aprobación de proyectos estratégicos. Una economía más abierta tiende a impulsar a las empresas nacionales a aumentar su productividad. Además, genera mayor confianza entre los inversores extranjeros, quienes confían en que el crecimiento no quedará estancado tras obstáculos administrativos.
Una prueba de credibilidad
La dimensión institucional es igualmente importante. Los inversores no solo se fijan en los tipos impositivos o los ratios de deuda, sino también en si los contratos se cumplirán y las disputas se resolverán sin injerencia política, y si la política monetaria se mantendrá al margen de las presiones a corto plazo. El banco central de Brasil ha ganado credibilidad con el tiempo, y preservar esa independencia es fundamental. Una justicia comercial más ágil y una mayor protección para los inversores reforzarían este mismo mensaje.
Nada de esto sería políticamente fácil. La disciplina fiscal genera resistencia. La reforma tributaria produce ganadores y perdedores. Los cambios regulatorios suelen desencadenar un debate público legítimo. Aun así, el costo del capital en Brasil no está predeterminado. Refleja el nivel de confianza que las políticas pueden generar o destruir.
Si Brasil logra combinar la seriedad fiscal con un entorno tributario más sencillo y una regulación más eficiente, el resultado sería tangible: financiación más barata, una mayor expansión del sector privado y mejores oportunidades para convertir la magnitud del país en crecimiento sostenido.
Brasil suele describirse como un país con un enorme potencial. La pregunta más difícil es si está dispuesto a reducir el riesgo que ha impedido que ese potencial se materialice por completo.
Por César Addario Soljancic
