Cuenta regresiva: A siete años del colapso eléctrico
A partir de 2024, Paraguay tiene siete años para invertir en infraestructura eléctrica, es decir, impulsar con mayor énfasis toda inversión nacional o extranjera, estatal o privada que permita diversificar la matriz energética; caso contrario, se expondría a un colapso eléctrico. Y esto se vislumbra, en el contexto de la utilización de la máxima potencia instalada proveniente de las centrales de Itaipú, Yacyretá y Acaray al año 2030. La advertencia no es nueva. La situación fue anunciada, años atrás, por el Viceministerio de Minas y Energías (MOPC), sugiriendo que una de las alternativas de solución es la usina de Aña Cuá (en proceso) e, inclusive, la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas internas para evitar el colapso y atender la gran demanda energética prevista que pondrá en riesgo el equilibrio entre oferta y demanda eléctrica.
Las voces de exhortación para impulsar la diversificación de la matriz de generación de energía en Paraguay y espantar el fantasma de la crisis siguen sumando nombres a la lista. Hacia 2017, el entonces viceministro de Minas y Energía, el abogado especializado en asuntos energéticos, Mauricio Bejarano, había planteado su preocupación al respecto. El mismo volvió, en agosto pasado, al MOPC para ocupar el mismo cargo.
Más recientes fueron los avisos del actual presidente de la Administración Nacional de Energía (ANDE), el ingeniero eléctrico Félix Sosa (2022) y, el último, el del presidente de la Cámara Paraguaya de Consultores, Lic. Juan Esteban Mendoza, a fines de este año. Un adelanto del problema fue, de hecho, la crisis hidrológica registrada durante los años 2021 y 2022, que afectó la producción energética de la central hidroeléctrica de Itaipú y, por ende, a su capacidad de generación de ingresos.
La matriz energética
Según una reseña del sector de energía en Paraguay realizado por especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y presentado en junio de 2022, la oferta bruta de energía en Paraguay es predominantemente renovable, alrededor del 76% (40% de hidroenergía y 36% de biomasa), mientras que el 24% restante está compuesto por derivados de petróleo, estos últimos citados son totalmente importados.
Paradójicamente, según el estudio, el consumo final de energía es poco sostenible debido a la alta participación de derivados de petróleo (39%) y biomasa no certificada (41%), aún cuando existe legislación que regula la certificación de la biomasa con fines energéticos. La electricidad representa sólo 19% del consumo final. El 60% de la oferta es consumida a nivel local y el 24% se exporta; de esta última, el 97,1% es electricidad y 2,9%, biomasa. El 16% restante corresponde a stock y pérdidas.
Desafíos por áreas
El documento citado expone, en forma de desafíos, los diversos inconvenientes a ser resueltos en el campo energético, en general, y, en los subsectores de electricidad, biomasa y combustibles. En el caso de la oferta del sector energético, se enfatiza la necesidad de explorar nuevas alternativas para producir energía, aprovechando las energías renovables no convencionales y vectores energéticos como el hidrógeno verde. En términos de la demanda, los patrones de consumo son poco sostenibles por la alta dependencia de derivados del petróleo y biomasa no sostenible.
En el caso del subsector eléctrico, los desafíos se concentran en la realización de inversiones para la generación, trasmisión y distribución. También en la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas. Igualmente, en la modernización de las instituciones en cuanto a sus normativas y la integración energética regional.
En el subsector de biomasa, se puntualiza la necesidad de incrementar la producción sostenible y mejorar el suministro de biomasa en el mercado nacional. Igualmente, monitorear bosques por medio de mecanismos digitales que faciliten su control y, finalmente, desarrollar la capacidad de cooperación entre instituciones para facilitar el intercambio de información. También es importante el impulso y la fiscalización de la biomasa certificada. En relación a este punto, es importante señalar, que el 85% de las Industrias locales siguen dependiendo de la quema de biomasa en sus calderas para sus respectivas producciones.
Con respecto al subsector de combustibles, en el campo comercial se recomienda reducir la dependencia de la importación de derivados del petróleo, el fortalecimiento de las entidades con respecto a la prospección y exploración y, por último, se puntualiza como materia pendiente la integración regional de hidrocarburos por medio de infraestructura.
Especialista apunta a la soberanía energética
En la mesa del debate de la cuestión energética no puede faltar el concepto de la soberanía energética. Juan Manuel Cabral, especialista en energías renovables, egresado del Programa de Liderazgo Político Estratégico del Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada (IDPPS) analizó la importancia de la implementación de la Política Energética, de planes nacionales y de leyes que aseguren un sistema sostenible en Paraguay.
“El factor de mediterraneidad y considerando los valores agregados, habida cuenta que el 100% de los combustibles derivados del petróleo son importados y que, en consecuencia, toda la economía requiere de este producto sensible, nos lleva a analizar varios puntos de vista de la importancia de la soberanía energética. Necesitamos una efectiva implementación de la Política Energética, del Plan Nacional Paraguay 2030, de la Ley de Fomento a los Biocombustibles, así como la Ley de Promoción de utilización de energía eléctrica, a partir de fuentes de energías renovables no convencionales no hidráulicas, la Ley de incentivos y promoción del transporte eléctrico o de importación para vehículos eléctricos, entre otras, no menos importantes”, refirió.
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